sábado, 25 de agosto de 2007

Responsabilidad Social Empresarial y la dificultad de su definición

Por: Gonzalo A. Ramírez Cleves
La Responsabilidad Social de la Empresa o Corporativa (RSC) es una nueva categoría que esta tomando impulso en todo el mundo. Del 15 al 17 de agosto se celebró en Bogotá la Feria Colombia Responsable” en donde se hace tangible esta idea. Se reunieron en dichos días empresarios, fundaciones, ONG’s, sociedad civil, cajas de compensación entre otros para mostrar sus labores de Responsabilidad Social.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el término RSC puede confundir ya que tiene distintas aristas y definiciones. Una cosa pueden ser las labores de filantropía, por ejemplo cuando Santodomingo o Angulo realizan alguna donación, otra cosa es el Gobierno Corporativo (Corporate Governance) o las prácticas de “Buen gobierno” en donde la junta directiva y los gerentes tienen que tener un gobierno visible y responsable frente a sus accionistas. También RSC puede ser entendida como aquellas labores de apoyo a determinada fundación o ONG o incluso prácticas sociales dentro de la empresa como por ejemplo la que realiza Crepes and Waffles de contratar madres cabeza de familia.

El término se volvió más popular después de que la ONU introdujera el Global Copact o Pacto Mundial en donde las empresas multinacionales se comprometen a cumplir ciertas obligaciones como la protección del medio ambiente, cumplir con las normas laborales, no fomentar prácticas de corrupción y proteger los derechos humanos. Del mismo modo, empiezan a surgir empresas que cumplen labores sociales como los llamados “Microcréditos”, “Microvivienda” que se pusieron de moda con El banco de los pobres de Muhamud Yunus o “la fortuna en la base de la pirámide” de Prahamad bajo la teoría de que los pobres también son negocio. Del mismo modo hay que pensar en ciertas instituciones como las fundaciones, Cajas de Compensación u ONG’s en donde su misma labor se confunde con lo social.
También pueden ser confundidas como prácticas de responsabilidad social aquellas obligaciones constitucionales y legales (Afortunadamente somos un Estado Social de derecho), en donde por ejemplo se obliga a las empresas que explotan recursos naturales que distribuyan sus ganancias y regalías a través de inversión social dentro de los territorios explotados como puede ser la construcción de hospitales, escuelas etc. También se quieren alinear en esta categoría prácticas como la producción de los mal llamados “bio combustibles” a pesar de que la producción de caña o de palma africana acabe con los bosques y selvas y fomente el latifundio.

Como vemos hay que entender que cada una de esas prácticas tiene un especial interés para las empresas que funcionan en la lógica del cálculo pero que a su vez pretenden ajustar sus labores a las nuevas necesidades de la sociedad y a corregir los efectos de la globalización económica. Si hablamos de la filantropía podemos comprender que muchas veces se dona para reducir la carga tributaria de las empresas, piensen ustedes en las grandes contribuciones a proyectos sociales de grupos empresariales o de algunos actores o cantantes. Si se trata del gobierno corporativo el interés es que no se vuelva a otro caso “Enron”, que exista transparencia en la contabilidad y hacer participe en el gobierno al accionista mediante labores de democratización.

Si se habla de la firma del Global Compact hay que pensar en que aporta esta certificado de buena conducta a la cotización bursátil de la empresa. Si pensamos en la ayuda a fundaciones u ONG’s tendríamos que ver que aporta esta labor a la buena imagen y “good will” de la empresa. Alguien dirá que no se puede ser tan crítico que los empresarios puede realizar labores sociales sin pensar en el interés económico que reporta, sin embargo hay que ver que las empresas se fundamentan en la ganancia y que lo que hay que pensar con esta idea es en una especie de cuadratura del círculo en donde lo social y lo económico, a pesar de sus contradicciones, puedan acoplarse y representar para ambos ámbitos algún beneficio.


Anexamos a continuación dos artículos del periódico El Tiempo sobre esta materia y una opinón de la Revista Semana sobre la responsabilidad de las empresas cuando se vean involucradas en violaciones de derechos humanos:


Responsabilidad social S. A.
21 de Agosto de 2007. Redactor de EL TIEMPO.


Los miles de visitantes que la semana pasada acudieron a Corferias confirmaron que la responsabilidad social no es un asunto marginal. 'Colombia Responsable', primer encuentro sobre este tema en el país, convocó experiencias públicas y desarrollos del sector privado, ONG y medios de comunicación y académicos y atrajo a un público que soprendió por lo numeroso.


En un país con inmensos retos sociales, la idea de un empresariado comprometido con su entorno, sus proveedores y empleados es atractiva. Más que una reciente moda corporativa, la agenda de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha venido consolidándose en los últimos 10 años en el país. Compañías nacionales y extranjeras, de servicios públicos, minería y comercio han incorporado mecanismos de mejoría de la calidad de vida de las comunidades más afectadas por su actividad empresarial y han financiado iniciativas en áreas como educación, salud y desarrollo. Esta Casa Editorial también ha contribuido con una estrategia pionera de RSE con proyectos en salud, educación, fomento de la lectura y construcción de ciudadanía a través de iniciativas que hacen seguimiento a la gestión de los gobiernos locales, como la red 'Ciudades, cómo vamos'.


Según la más reciente encuesta de la Andi, líder nacional en el tema, las empresas colombianas dedican un 3 por ciento de sus ventas brutas a los proyectos de responsabilidad social. No sorprende entonces que el país ocupe el noveno lugar en la lista de los que más empresas aportan al Pacto Global de Naciones Unidas. Con 113 compañías, el sector privado colombiano -y algunas entidades públicas- es un actor importante en esta iniciativa de más de 4.000 empresas de 116 países, comprometidas con un decálogo de estándares en derechos humanos, medio ambiente, normas laborales y lucha contra la corrupción.

Sin embargo, un estudio del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial muestra que solo 4 de cada 10 empresarios tienen un conocimiento alto sobre el tema y la mitad no conocen estas prácticas en otras firmas, aunque 65 por ciento cree que la RSE genera ganancias tangibles para las compañías. Por el lado internacional, un reciente reporte de Goldman Sachs muestra que, en sectores como energía, minería y alimentos, las empresas con estrategias de responsabilidad social mejoraron su desempeño bursátil en promedio en 25 por ciento, y 72 por ciento de estas firmas superaron a sus competidores.

Si estas prácticas no están insertadas en las operaciones de las empresas ni generan efectos tangibles para ellas, será difícil que la cúpula gerencial las adopte. De los resultados de las alianzas entre las compañías, las ONG y los proyectos sociales del Estado depende que la Responsabilidad Social sea distinta de la filantropía y la caridad.

En Colombia, el futuro es promisorio. El avance en normas técnicas podría estandarizar las estrategias y así mejorar la evaluación y la comparación. El conocimiento ciudadano del tema es requisito primordial en un entorno cada vez más corporativo. La generación de una 'masa crítica' de empresas comprometidas con estas prácticas depende tanto de la decisión gerencial como de la presión democrática de los usuarios, clientes y comunidades involucradas en el negocio. Pues, al fin y al cabo, las prácticas de RSE responden tanto a una decisión corporativa, como a una demanda de las comunidades.

Responsabilidad Social Empresarial
A propósito de “Colombia Responsable”

Por: Paul Martin

Representante de Unicef para Colombia

Aunque la práctica de la responsabilidad social empresarial se va consolidando en Colombia, aún se defiende la idea de que las empresas son socialmente responsables cuando cumplen las obligaciones legales o hacen obras de caridad y donan a causas sociales. Ahora, cuando tiene lugar en Bogotá 'Colombia Responsable', es útil analizar cómo las empresas pueden hacer realidad su responsabilidad social y aportar en los cambios sociales que requiere el país y en la protección de los derechos de su niñez.En un Estado social de derecho, dar empleo y pagar lo justo a los trabajadores, así como pagar los impuestos y obligaciones legales ambientales, es una condición que deben cumplir todas las empresas como requisito mínimo de su supervivencia.
El solo cumplimiento de la ley no hace a las empresas socialmente responsables. Las donaciones, la caridad, el dar a unos pocos lo que nos sobra, tampoco es responsabilidad social. Aún se discute si este tipo de caridad es bueno porque ayuda a alguien o malo por la dependencia en la que mantiene a quien recibe la limosna. Sin demeritar esta labor, ciertamente hay una gran diferencia entre estas acciones y la responsabilidad social empresarial.Hay empresas con un desarrollado concepto de filantropía que han pasado de las donaciones puntuales o los actos de caridad a crear sus propias fundaciones o entregar fondos a instituciones sociales, incluyendo a Unicef. A veces estos proyectos apuntan al desarrollo: por ejemplo, escuelas que mejoran las posibilidades de niños desfavorecidos o clínicas que mejoran su salud. A veces son formas de publicidad positiva o intentos de 'lavar imagen', especialmente si la empresa no cumple con la ley. Muchos de estos esfuerzos son poco más que caridad a escala mayor.La responsabilidad social empresarial implica la decisión libre de los empresarios de sumergirse en un proceso de cambio social para asegurar el cumplimiento de los derechos comunes y el mejoramiento de las condiciones de vida del gran núcleo social excluido.
Las empresas socialmente responsables promueven leyes para construir una nación justa, intervienen en la discusión de políticas públicas y combinan su peso social y sus recursos financieros en los cambios que requiere el país.Unicef quiere trabajar con estas empresas y sus líderes para que los derechos de los niños y adolescentes colombianos se cumplan y protejan. Se trata de convertir los derechos en hechos y aplicar la inteligencia y los recursos en programas que lleven al país a cumplir con las Metas de Desarrollo del Milenio. De este modo, Colombia podrá llamarse socialmente responsable.
Por Gabriela Perdomo
Fecha: 08/18/2007 -1320

En marzo de este año la compañía multinacional exportadora de bananos Chiquita Brands se declaró culpable ante una corte estadounidense de haber pagado alrededor de 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia a cambio de “protección” para sus funcionarios. La compañía, que gana un promedio de 4.500 millones de dólares al año, fue obligada a pagar una multa de 25 millones que no les harán mella a sus operaciones, tal como lo declararon sus ejecutivos. Ningún directivo de la compañía enfrentó cargos. No voy a hacer más referencia a este caso, ni a los demás que están en proceso contra la misma compañía por las mismas razones, ni tampoco a las sospechas de que Chiquita no es la única empresa que ha dado plata a milicias –paramilitares, guerrilleras o “independientes”– en Colombia.
En cambio, quiero referirme a un mecanismo de transparencia empresarial que tal vez es poco conocido en Colombia pero que ilustra muy bien la necesidad que tienen nuestros gobernantes de sentarse a estudiar cómo evitar que el sector privado –sea nacional o extranjero– siga financiando nuestra interminable guerra civil. Se trata del Proceso Kimberly, una idea que nació de la brutalidad que rodea la industria de los diamantes en África. La iniciativa comenzó hace siete años en Sudáfrica, cuando líderes de varios países del sur del continente se reunieron para encontrar una manera de librar al mercado mundial de los llamados diamantes de sangre. Lo que preocupaba a los participantes de la reunión era que, básicamente, la explotación del objeto más precioso del mundo se había convertido en la fuente de financiación de guerras civiles en toda la región.

El Proceso Kimberly estableció desde su implementación en 2003 que países, comunidades económicas y miembros de la industria diamantera regularían el mercado de diamantes en bruto al rechazar todas las piedras preciosas provenientes de minas controladas por grupos armados. La decisión se tomó tras comprobar que en países como Angola, Costa de Marfil, Sierra Leona, Liberia, República Democrática del Congo y Congo, algunas minas estaban controladas por mafias y grupos armados ilegales que financiaban la compra de armas y otras actividades vendiendo diamantes a empresas comercializadoras. Todos los mineros y los comerciantes no estaban necesariamente involucrados en la guerra, pero sus acciones directa o indirectamente estaban ayudando a perpetuar masacres, violaciones, asesinatos y torturas.
Ante la evidencia, ONG lideradas por Global Witness, gobernantes africanos y los miembros más poderosos de la industria de los diamantes, como la empresa DeBeers, entendieron que el mercado de diamantes estaba completamente comprometido con varias guerras. Entendieron también que una vez la historia de estos diamantes se conociera alrededor del mundo, los consumidores dejarían de ir a las tiendas Tiffany’s y otras famosas joyerías porque el símbolo de la pureza se convertiría en un símbolo del horror. Así que aceptando su responsabilidad, todos los involucrados entendieron la necesidad de intervenir y decidieron crear el Proceso Kimberly para la certificación de diamantes en bruto. Sólo cuatro años después de su implementación, el proceso hoy cuenta con el aval de Naciones Unidas y opera en 45 países más toda la Unión Europea. Todos los diamantes que se venden y compran en estos países tienen que ser certificados por un estricto proceso, y con ello se garantiza la total legalidad y transparencia de su recorrido, desde la explotación hasta la venta. Desde Venezuela hasta Bélgica, ya miles de consumidores exigen que las tiendas demuestren que sus diamantes son libres de conflicto. Incluso, en DeBeers la política se ha extendido a certificar que los diamantes provienen de campos libres de explotación infantil.
¿Por qué nos debería importar el Proceso Kimberly? Porque aunque falta mucho para lograr una industria global saneada de diamantes de sangre, se ha demostrado que Kimberly es un mecanismo efectivo. El monitoreo de las piedras ha alejado a los grupos insurgentes de la industria, y con ello se ha reducido el tráfico de armas en varios países y se ha reducido la violencia. Se ha demostrado que muchos grupos rebeldes en el sur de África han dejado las armas simplemente porque no tienen cómo financiar su guerra. Pero su alcance va más allá. Este protocolo nos enseña que los conflictos armados tienen aspectos prácticos que se pueden atacar con eficacia. Y que sí es posible que las empresas que directa o indirectamente se ven involucradas en el fuego cruzado de una guerra acaben con su complicidad si deciden ponerle frente a la situación.
En Colombia tenemos un serio problema con las llamadas ‘vacunas’. Lo queramos o no, cientos de empresas nacionales y extranjeras están contribuyendo a que se perpetúe la violencia. Si tanto estas empresas como el gobierno empezaran por reconocer su responsabilidad, podríamos comenzar a pensar cómo desbaratar el sistema de extorsión de los grupos armados colombianos.